TEXTUAL-es
Adalberto Villasana
EU, OEA y VENEZUELA
La 50 Asamblea General de la
OEA en octubre pasado no llamó mucha atención de los medios mexicanos. A pasar
de esto, merece la mención el discurso muy fuerte del subsecretario para
América Latina y el Caribe de SRE, Maximiliano Reyes Zúñiga ante este foro. Es
digno de respeto su rechazo total de cualquier intento de injerencia en los
asuntos internos de los estados del hemisferio por parte de la Secretaria
General de esta organización y personalmente de su titular Luis Almagro. El
tema central fue de Bolivia donde la OEA “utilizó de manera facciosa a la
misión de observación electoral para denunciar prematuramente un supuesto
fraude que nunca existió. El pueblo boliviano les ha dado una lección histórica
que ojalá aprendan”, dijo Reyes Zúñiga.
Parece que no aprendieron en
la OEA esa lección. Ahora Almagro junto con sus patrocinadores estadounidenses
tratan de deslegitimizar las elecciones parlamentarias en Venezuela para donde
ya se han escrito 107 organizaciones políticas y más de 14 mil candidatos y
candidatas. Muchos opositores han sido sancionados por los Estados Unidos que
desplegó numerosas acciones para impedir que crezca la participación de fuerzas
políticas de cara a la votación.
La Casa Blanca lidera una
campaña para propiciar la salida del poder del gobierno legítimo de Nicolás
Maduro. La única tarea de Washington consiste en obtener control de reservas
naturales de la república y sus yacimientos de petróleo. El gobierno
estadounidense y compañías trasnacionales tienen interés solo en el aumento de
su capital sin tomar en cuenta el sufrimiento del pueblo. En medio de una
pandemia se establecen nuevas sanciones económicas. Bajo presión de los E.U. y
su bloqueo comercial y financiero, la gente sobrevive la peor crisis de su
país. Los efectos negativos de las sanciones de los E.U. son evidentes hasta
para los expertos en la misma Unión Americana. Pese a criticar al gobierno
boliviano la Oficina de Washington para América Latina, junto con otros 115
organizaciones e individuos de la sociedad civil, publicaron el 1 de septiembre
una carta abierta a Mike Pompeo y Steve Mnuchin con preocupaciones por la
posible decisión de prohibir la importación de diésel en Venezuela.
Textualmente hay que decirlo: En la
referida carta, así como en la otra del 10 de octubre se hacen constar “la
Evidencia que las sanciones generales impuestas han agravado la situación
económica del país…, las sanciones azotan el pueblo de Venezuela…, instamos a
la administración Trump a prestar atención a la recomendación de la Alta
Comisionada de la ONU, Michelle Bachelet que el alivio de las amplias sanciones
económicas contra Venezuela permitiría una mayor asignación de recursos para
tratar la pandemia”.
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