La Ciudad de México requiere
rectoría en el sistema educativo, coincidieron en señalar legisladores,
especialistas y funcionarios. Indicaron que la descentralización de la enseñanza,
debe darse sin violentar el pacto federal ni restar autoridad a la Secretaría
de Educación Pública (SEP).
En la elaboración de planes
de estudio, sería un avance trascendental para que el gobierno de la Ciudad de
México esté en condiciones de garantizar ese derecho universal irrenunciable,
exigible y, en consecuencia, la Constitución Política la tiene que contemplar.
Coincidieron, en lo
anterior, los participantes en la quinta mesa del Foro “Hacia una nueva alianza
constitucional de la Ciudad de México” en la que se abordó el tema de la
educación, que en el caso de esta nueva entidad federativa tiene el reto de
responder, en cuanto a contenidos, a la realidad que vive la población en cada
una de las 16 delegaciones, a los indígenas, migrantes y a quienes por alguna
discapacidad requieren y demandan educación especializada.
La educación es, entre todos
los derechos, el más importante que existe no sólo porque permite el acceso al
conocimiento y la formación de las personas desde temprana edad, sino porque
hace posible el acceso futuro a la actividad productiva. En torno de ella giran
el resto de los derechos humanos y sociales, y es el medio para combatir la
pobreza.
El diputado del Partido
Nueva Alianza (NA) en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), Juan
Gabriel Conchado Acevedo, organizador del foro, resaltó que si la de México es
una ciudad de avanzada, de pensamiento vanguardista y referente nacional en
cuanto a la ampliación de los derechos ciudadanos, necesariamente tiene que
contar con autonomía para diseñar una política educativa propia y con visión
metropolitana dada la convivencia que tiene con la población de entidades
vecinas.
La educación pública, laica
y gratuita, indicó, no puede quedar fuera de la discusión en torno a la
elaboración de la Constitución Política de la Ciudad de México y desde la
Asamblea Legislativa se pugnará y exigirá que la Asamblea Constituyente le dé
un trato preferente dado la importancia que reviste.
La directora de Bibliotecas
de la Secretaría de Educación (SEDU) del Gobierno de la Ciudad de México,
Dinora Pizano Osorio, mencionó en su participación que el tema de la educación
encierra un entramado complejo, principalmente político, y que, no obstante,
tiene que quedar plasmado en la Constitución y, qué mejor, que sea el mandato
de descentralizarla de la federación.
No se busca suplantar la
rectoría de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en cuanto a la ejecución
de los programas generales de cada grado escolar, sino descentralizar los
contenidos para adecuarlos a las condiciones diversas en que vive la población.
El derecho a la educación sí está contenido en la Constitución Federal, pero no
constitucionalizado particularmente para la Ciudad de México y eso es lo que se
requiere.
Sofía Morales Garza,
directora de Innovación y Fortalecimiento Académico de la Administración
Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal de la SEP, indicó que
hay la necesidad de empoderar a los directivos y maestros de las más de cuatro mil escuelas
públicas para que haya un adecuado funcionamiento de las instalaciones y, por
otra parte, garantizar la calidad de la educación.
¿Por qué?, porque la
infraestructura de las más de cuatro mil escuelas está deteriorada por descuido
en su mantenimiento desde hace 20 años y, de ellas, 380 son atendidas; a la
fecha, 17 mil profesores se han evaluado y 600 ya recibieron su plaza, lo cual
demandaban desde hace muchos años.
Además, en la Ciudad de
México se cuenta con mil 64 planteles de tiempo completo en los que el alumno
pasa un mayor tiempo dedicado al aprendizaje, pues hay problemas cuya atención
y solución son impostergables. Por ejemplo, que 30 por ciento de los alumnos en
educación básica lee pero no comprende y que 40 por ciento conoce los números
pero no sabe realizar operaciones matemáticas.
La participación en apoyo de
autoridades, maestros y directivos, de los padres de familia y las
organizaciones sociales comprometidas con una educación de calidad incluyente
es vital para avanzar, máxime cuando se requiere que la educación preescolar
sea básica porque es el primer contacto al aprendizaje.
El Académico de la Facultad
Latinoamericana, Lorenzo Gómez Morín, hizo hincapié en que no hay pretexto para
que el gobierno de la Ciudad de México se encargue y responsabilice de la
educación, y cumpla el requerimiento de que sea de calidad, equitativa e
incluyente en concordancia con el espíritu del artículo tercero de la Carta
Magna, por lo que el reto de la Asamblea Constituyente, anotó, es
exclusivamente político.
Sólo así se podrá mejorar
localmente la educación, las escuelas públicas y la gestión, teniendo como eje
el aprendizaje. Por tanto, hay que contar con docentes que sean profesionistas
de la educación, ya que por ser cada centro escolar la institución pública de
primer contacto con el alumno, se tiene que apoyar la capacitación y superación
de conocimientos, desde la educación básica hasta la media superior.
En su opinión no basta con
crecer la matrícula escolar para ingresar cada vez más alumnos, sino que el
verdadero reto es instrumentar los mecanismos para retenerlos, lo que implica
que el gobierno de la Ciudad de México se verá obligado a realizar un profundo
proceso de adecuación educativa para responder a la autonomía que derive de la
Constitución Política.
La presidenta del Comité
Nacional de Acción Política del Sindicato Nacional de Trabajadores de la
Educación (SNTE), Lucila Garfias Gutiérrez, comentó que si se quiere alcanzar
el desarrollo pleno e integral de los individuos por medio de la educación,
como lo establece la Constitución Federal, es preciso que en la Ciudad de
México quede debidamente plasmado ese propósito a efecto de preservarlo y
hacerlo cumplir.
Lo anterior, precisó,
porque hay quienes hacen intentos por privatizar la educación, y su gratuidad
hay que garantizarla.
