La guerra contra las drogas
ha sido un fracaso, no sólo en Estados Unidos. En México los indicios y datos
hablan de la catástrofe que ha significado, pues no ha dado resultados en
materia de salud ni de seguridad con respecto a lo que ocurría hace 10 años,
cuando nos lanzamos sin un diagnóstico claro y sin objetivos explícitos a esta
lucha que no tiene sentido, coincidieron especialistas en la UNAM.
En la conferencia magistral
“Hacia una mejor política de drogas: lecciones de una experiencia práctica”,
Andrew Freedman, director de la Coordinación de Marihuana del estado de
Colorado, dijo que se deben establecer metas claras para implementar el modelo
que mejor convenga en cada caso.
En el encuentro organizado
por la UNAM y El Instituto Aspen en México, y moderado por el exrector Juan
Ramón de la Fuente, el funcionario estadunidense habló de los pros y contras de
la legalización de esa droga en aquel estado de la Unión Americana, en donde se
puede usar de forma recreativa a partir de 2013.
Hoy se cuenta con una
industria más o menos reglamentada; el producto se entrega en un paquete que no
puede abrir un niño. Cada planta tiene una etiqueta electrónica que emite una
pulsación de radio. De ese modo “sabemos en dónde está cada onza”.
Desde entonces, explicó, el
consumo no ha cambiado. La Cannabis sativa se usa de la misma forma que antes.
Tampoco se ha visto que las muertes en carreteras hayan aumentado por esa
causa; en general, se han mantenido igual.
No obstante, reconoció, hay
algunas tendencias preocupantes, como el aumento de las hospitalizaciones por
su uso; por ejemplo, la que es comestible se puede consumir en exceso y crear
problemas de psicosis inducida. También se han registrado casos de consumo en
niños menores de nueve años, alrededor de 15 a 25 hospitalizaciones al año, que
la han ingerido porque piensan que es un dulce.
Luis Astorga Almanza, del
Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, cuestionó cómo lograr la
aplicación de un modelo de esa naturaleza en un país con instituciones
sumamente débiles, como México, en donde las organizaciones criminales son muy
fuertes y poseen una diversificación de drogas con las cuales negocian, y en
donde el mercado de la marihuana no es el principal, sino el de la cocaína.
Pensar que legalizarla
significa un golpe fuerte a las organizaciones criminales, no es realista, pero
sí lo es pensar en la cantidad de gente que potencialmente no iría a la cárcel
por consumo o posesión simple de cierta cantidad de marihuana.
María Elena Álvarez-Buylla,
del Instituto de Ecología de la UNAM, recordó que la empresa Monsanto creó, en
2015, la primera variedad de marihuana genéticamente modificada para hacerla
más potente o resistente a algunos herbicidas. Ante eso se ha planteado que los
transgenes se moverán a través de semillas y polen y llegarán a acumularse sin
control en las plantas que no son genéticamente modificadas.
La liberación al ambiente de
cultivos transgénicos que no pueden contenerse en los sitios donde son
inicialmente aprobados deriva en problemáticas socioambientales profundas.
Además, habría implicaciones para la salud, añadió la experta.
Alejandro Madrazo, del
Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), opinó que en México, para
empezar, el modelo más razonable de legalización de la marihuana sea quizá el
monopsonio estatal, es decir, que el Estado compre toda la cosecha y distribuya
a todos los puntos de venta. Eso permite concentrar y controlar la información
completa del mercado y realizar funciones de regulación.
Una medida necesaria para
revertir la situación actual de crisis institucional y de epidemia de
violencia, es pasar a mercados regulados de drogas. “Nuestra capacidad de
perseguir, prevenir y castigar delitos, nunca va a ser suficiente mientras
desperdiciemos recursos en meter a la cárcel a poseedores de marihuana. Y sobre
todo es importante tomar una decisión lo más pronto posible”.
La abogada general de la
UNAM, Mónica González Contró, mencionó en el auditorio Jorge Carpizo de la
Coordinación de Humanidades, que los derechos de niñas, niños y adolescentes,
han estado ausentes del debate sobre las políticas de drogas.
Se les identifica
como un grupo al que hay que proteger del consumo, cuando las implicaciones de
la política en la materia van mucho más allá de que puedan consumir o no.
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