Una persona desaparecida no
es un simple número ni siquiera una fotografía: es una historia de vida cuya
biografía debe ser reconstruida y llevada a los espacios públicos para ser
identificada y lograr empatía, señaló Valentina López, integrante de Hijos por
la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio (H.I.J.O.S.).
En el 12vo. Ciclo de
orientación: Cuerpos que importan, llevado a cabo en la Unidad Xochimilco de la
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), la activista aseveró que “el cuerpo
anulado es la institucionalización del olvido”.
Las desapariciones forzadas
en México, informó, han sido tema de condena internacional ante el número
creciente de casos que se registran y en marzo de 2016 la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió al país que reconociera la
gravedad de la crisis de derechos humanos que enfrenta.
La periodista y también
integrante de H.I.J.O.S. Paula Mónaco refirió que los cuerpos son anulados de
diversas maneras: “cuando el Estado que debe proteger desaparece; cuando el
Estado que debe buscar, te manda a una fosa o a un SEMEFO sin hacer esfuerzo
alguno por la localización e identificación”.
La doctora Patricia Olivia
González Lozano, directora de la Fiscalía Especial para los Delitos de
Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA) de la Procuraduría
General de la República (PGR), habló sobre dos mecanismos de apoyo a víctimas:
la mediación y el proceso restaurativo.
La funcionaria sostuvo que
la mediación parte de la cultura del diálogo, en la que las personas logran
acuerdos con la ayuda de un tercero que no es un juez, ni un árbitro, ni una
persona que va a imponer un resultado.
En los procesos
restaurativos, apuntó, se trata de ayudar a la víctima a recuperar su vida,
haciendo un trabajo colectivo en el que se invita a participar a los
familiares, amistades y vecinos para reincorporar a la víctima a su vida, sin
que sufra otros tratos de exclusión.
El licenciado Joaquín
Romanico Torres Osorno, director general de Atención Integral a Víctimas del
Delito de la PGR, reconoció que hay una dificultad enorme para acreditar cuando
se realiza una desaparición forzada, pero “no eso no significa que el Estado
mexicano se deslinde de un problema que efectivamente existe”.
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