Las recientes reformas
estructurales llevadas a cabo en México no han sido orientadas a modificar un
modelo que ya mostró su ineficiencia ya que –lejos de conducir al país hacia
mayores niveles de empleo y bienestar– ha generado más pobreza y desigualdad, expuso
la doctora Guadalupe Huerta Moreno, profesora-investigadora del Departamento de
Administración de la Unidad Azcapotzalco de la Universidad Autónoma
Metropolitana (UAM).
En el Primer Coloquio de
Cuerpos Académicos y Áreas de Investigación de Gestión Pública, celebrado en la
Unidad Cuajimalpa de la UAM, la académica dijo que los cambios constitucionales
en materia económica, laboral, hacendaria, educativa, financiera, energética,
jurídica, de telecomunicaciones, transparencia y político-electoral están
sustentados por un giro del Estado interventor al subsidiario de gobernanza
neoliberal.
Al presentar la ponencia
Reformas estructurales, estancamiento económico y pobreza en México, la doctora
por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) recordó que en la década
de 1970 las transformaciones al sistema económico y financiero internacional
significaron para América Latina la transición, de una estrategia de
crecimiento basada en un modelo de industrialización y sustitución de
importaciones a una sustentada en un modelo de economía abierta, aplicada desde
hace 35 años.
En México las primeras
reformas han consistido en la reordenación de las instituciones de intervención
del Estado en términos de las nuevas condiciones de funcionamiento del capitalismo
mundial, explicó la maestra en Administración Pública por la UNAM.
De esta manera disciplina
fiscal (manejo del presupuesto y finanzas públicas equilibrados), reorientación
del gasto público, reforma fiscal (aumento de la recaudación), liberación de la
tasas de interés, establecimiento del tipo de cambio a través de las fuerzas
del mercado (tipos de cambio flexibles) y apertura comercial y a la inversión
extranjera directa se convirtieron en elementos centrales, pues las reformas
fueron diseñadas para atraer capital extranjero, lo que ha conllevado a
privatizaciones y desregulación económica.
Esas transformaciones han
redefinido los límites entre el Estado y los actores propios del mercado, ya
sea del sector social o del privado y además en la ejecución de las
privatizaciones y la desregulación se ha conducido a una nueva forma de operar
de la administración y la gestión pública sobre la supuesta base de las tres
“E’s”: economía, eficacia y eficiencia, en el uso de los recursos.
En el periodo de 2000 a 2015
se presentó un comportamiento contracíclico del producto interno bruto (PIB) en
relación con las inversiones privada y pública. La segunda no fue suficiente,
pues cuando llega una crisis hay una destrucción de la capacidad productiva y
de la riqueza en general, y reconstituir esas pérdidas resulta difícil debido
al deterioro en los niveles de bienestar de la sociedad.
Pero la caída de los ingresos
derivada de la falta de crecimiento económico y la merma de fuentes de ingresos
va induciendo un mayor endeudamiento público, y cuando éste empieza a crecer,
lo que se ha hecho –lejos de repensar en una ingeniería a nivel del gobierno
que efectivamente pudiera permitir disminuir gastos superfluos– es anunciar
recortes al gasto social.
La licenciada en Administración
por la UAM consideró que la forma en la cual pueden reducirse los niveles de
pobreza en México tendría que partir de la generación de una dinámica económica
que permita ingresos suficientes para la población.
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