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Corrupción el principal obstáculo

Serios obstáculos enfrenta el Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, claro, el principal es la corrupción. Además tiene los mismos vicios y viejas prácticas de la gente encargada de operarlo. Policías, ministerios públicos y jueces, todos se mantienen en sus puestos, pero ahora con nueva herramientas.

Ahora se le da más poder a una policía que está en tela de juicio, al igual que los ministerios públicos. En el menos peor de los casos la ciudadanía les da el beneficio de la duda, pero parece que en la práctica las cosas no cambian.

Datos reveladores nos deja la primera Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL), en la que la población entrevista da testimonio de su experiencia.

Y sólo 19.8 % de la población privada de la libertad en 2016 logró contactarse con un abogado en su presentación ante el Ministerio Público y 67.6% fue informada sobre el motivo por el cual la acusaban, lo que exhibe las fallas del sistema de “procuración de justicia”.

Vamos con las viejas prácticas: 24.3% de la población privada de la libertad en 2016 recibió amenazas o presiones para declararse culpable; 45.7% fue declarado culpable por haber reconocido los hechos. Entonces también hay fallas en el sistema de “impartición de justicia”.

Pero además, el 31.9% de la población privada de la libertad en 2016 se sintió insegura en el Centro Penitenciario donde se encuentra y 19.1% al interior de su celda. Hay que recordar que hay indicios de que varios penales están bajo autogobierno de los internos, de acuerdo con versiones ocurridas cuando hay motines.

El INEGI presentó los resultados de la ENPOL, realizada para generar información estadística sobre la experiencia del procedimiento penal e internamiento de la población privada de la libertad de 18 años y más, así como sus características sociodemográficas y socioeconómicas, antecedentes jurídico-penales y sus expectativas de salida.

Para el levantamiento de la ENPOL se visitaron 338 Centros Penitenciarios de los ámbitos federal, estatal y municipal en las 32 entidades federativas, con lo que se cubrió la totalidad de los centros habitados en el país. El marco muestral fue de 211 mil personas, de ellas, 5% fueron mujeres. La Encuesta consideró una muestra total de 64,150 personas privadas de la libertad.

Textualmente hay que decirlo: el Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio enfrenta serios problemas para su operación, en gran medida por las prácticas ilegales que se realizan desde el momento de la detención, por lo que se requiere una revisión a fondo del historial de todos el personal que lo opera.

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