El rector de la UNAM, Enrique
Graue Wiechers, afirmó que el Estado tiene la obligación de garantizar la
seguridad, la justicia y el respeto a los derechos humanos de los ciudadanos,
pues esta tríada ha sido siempre la única forma de convivir en paz.
Al inaugurar la Segunda
Conferencia Internacional sobre Seguridad y Justicia en Democracia: “Hacia una
política de Estado centrada en los Derechos Humanos”, acompañado del presidente
de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González
Pérez, el rector señaló que infortunadamente el Estado está en deuda con los
ciudadanos que aún añoramos la seguridad y el respeto pleno a nuestros
derechos.
Muestra de esta deuda, agregó,
son las 150 mil vidas que ha cobrado la llamada guerra contra el narcotráfico,
o los datos que colocaron al 2017 como el año más violento en nuestra historia
reciente.
“Según el último reporte de Human Rights Watch
nuestro país presenta: desapariciones forzadas, ejecuciones, abusos de las
fuerzas armadas, prácticas sistemáticas de tortura y tortura sexual,
amedrentación y muerte de periodistas, y por supuesto las distintas facetas de
la lacerante violencia de género”, expuso el rector.
Además, prosiguió, un reporte
reciente de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), del
Programa de Derechos Humanos de la Universidad de Minnesota y del Centro
Latinoamericano de la Universidad de Oxford, señala que en México hay más de 31
mil personas desaparecidas o extraviadas, y en el 47 por ciento de estos casos,
agentes del Estado –sea a nivel municipal, estatal o federal– estuvieron
involucrados. Por si fuera poco, subrayó, el 91 por ciento de estas víctimas
eran ajenas a actividades ilícitas.
“México exige justicia ante la
impunidad, así como un sistema judicial donde los mexicanos estén exentos del
riesgo de ser privados de su libertad, amedrentados o violentados por las
mismas instituciones responsables de procurar su seguridad y bienestar”,
demandó el rector de la UNAM.
Por ello, subrayó la
importancia de revisar cuidadosamente la nueva ley de seguridad interior, pues
aseguró que si se impone el orden sin los marcos legales o procesos
institucionales apropiados, se pierde también la legitimidad necesaria para
restaurar la paz y la confianza que le urge a México para recomponer su tejido
social.
En el patio principal de la
Antigua Escuela de Jurisprudencia, destacó el papel de diversos organismos y de
la sociedad civil para denunciar las violaciones a los derechos humanos e
incluso darles visibilidad internacional al llevar demandas concretas a
espacios como la Organización de las Naciones Unidas.
Graue Wiechers resaltó la
pertinencia de esta Segunda Conferencia Internacional sobre Seguridad y
Justicia en Democracia, en la que participarán expertos nacionales e
internacionales que analizarán colectivamente cómo garantizar el bienestar de
la sociedad y la implementación de la ley.
En su oportunidad, el
ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, expuso que la nación ha
destinado, desde 1996, más de mil millones de pesos en seguridad y los resultados
están lejos de ser aceptables.
Ejemplo de ello es que México
acaba de vivir el año más violento de las últimas décadas y los índices de
criminalidad van en aumento.
La Encuesta Nacional de
Seguridad de Percepción y Victimización sobre la Seguridad Pública del INEGI,
refirió, señala que entre 2015 y 2016 la cifra de víctimas del delito en el
país creció en 900 mil, al pasar de 23.3 millones a 24.2 millones. En 2016 se
cometieron más de 31 millones de delitos y el 90 por ciento no fue denunciado, pues
el 60 por ciento de quienes no denunciaron lo atribuyeron a problemas de
autoridad o desconfianza de las mismas.
En tanto, la abogada General
de la UNAM, Mónica González Contró, expuso que la Conferencia busca hacer
propuestas para una política de Estado de seguridad centrada en los derechos
humanos, mismas que serán entregadas a los candidatos a la Presidencia de la
República, así como a los de otros cargos de elección popular.
A siete años de la primera
conferencia, resaltó, la situación es grave: hay poca confianza, el tejido
social se ha resquebrajado y la respuesta de las autoridades es de mano dura.
La militarización ha sido una falsa salida y ha implicado violaciones a los derechos
humanos
“El Estado de derecho es la
única vía para alcanzar la anhelada paz en nuestra patria, es el camino para
recuperar la confianza en las autoridades y restituir el tejido social que ha
resultado dañado a consecuencia de la inseguridad”, concluyó.
En la inauguración estuvieron
también el director del Instituto de Investigaciones Jurídicas, Pedro Salazar
Ugarte, y el director de la Facultad de Derecho, Raúl Contreras Bustamante.
